La entrevista a Fernando Sempértegui, rector de la Universidad
Central, recientemente publicada, no deja de ser esperanzadora. Lo es
por varios motivos: ahí se perfila un académico con trayectoria de
investigación y docencia “al mando” de la Universidad más antigua del
Ecuador, pero también un humanista de amplio talante. En la entrevista,
además, se delinea una ya anunciada política de ampliación del campus
universitario tan necesaria para dar oxígeno a la Universidad; se
señalan algunas estrategias para fortalecer la investigación y, además,
se plantea el fortalecimiento de las humanidades y ciencias sociales:
“Como somos universidad necesitamos un potencial social y humanista
importante. El campus de la avenida América estará dedicado a las
ciencias sociales, humanas, a las artes y al deporte; vamos a fortalecer
esas áreas. Tenemos una Escuela de Sociología que es un apéndice de la
Facultad de Jurisprudencia, la vamos a sacar y vamos a crear la Facultad
de Ciencias Sociales y Humanas” (Revista Mundo Diners, julio 2014).
La estrechez de miras que supone fortalecer exclusivamente lo tecnológico y productivo en la educación superior ha sido criticada con sobra de argumentos. Por ello el anuncio oficial que ha hecho el rector supone una perspectiva amplia de lo que implica, en efecto, la universalidad de pensamiento.
No obstante, es ineludible referirse a las dificultades que deben sortear no solo la Universidad Central, sino todas las universidades, y sobre todo las públicas, en estos momentos de verdadero acoso por parte de los organismos de acreditación y evaluación y otras instancias de control y disciplinamiento de la educación superior. En el día a día, los académicos universitarios, además de sus actividades propias de docencia e investigación, se encuentran entrampados en la búsqueda y el registro de evidencias que permitan dar cuenta de los famosos indicadores construidos en una propuesta de evaluación absolutamente inconsulta con los propios actores de la educación superior.
Para complejizar la situación, la ambigüedad de los docentes de las universidades públicas como funcionarios públicos y como académicos, ha llevado al absurdo de que instancias como Contraloría pretendan también evaluar el desempeño de los docentes, pretendiendo establecer glosas por supuestos incumplimientos. Y aún más, la propuesta reciente de graduación a marchas forzadas de estudiantes rezagados, supone redoblar esfuerzos para enfrentar esta nueva disposición. En medio de todo este ambiente de menoscabada autonomía universitaria, se pretende que las y los académicos hagan docencia, investiguen y publiquen artículos exclusivamente en revistas indexadas, asfixiando la generación y circulación de conocimiento, que tiene otros canales legítimos de expresión.
Los esperanzadores mensajes del rector de la Universidad Central son tomados con optimismo por una contrariada comunidad universitaria, que además de estos anuncios requiere acciones políticas decididas y frontales para encarar esta política de disciplinamiento establecida por estos organismos gubernamentales, que implican irrespeto, falta de conocimiento e intromisión en los asuntos universitarios.
La estrechez de miras que supone fortalecer exclusivamente lo tecnológico y productivo en la educación superior ha sido criticada con sobra de argumentos. Por ello el anuncio oficial que ha hecho el rector supone una perspectiva amplia de lo que implica, en efecto, la universalidad de pensamiento.
No obstante, es ineludible referirse a las dificultades que deben sortear no solo la Universidad Central, sino todas las universidades, y sobre todo las públicas, en estos momentos de verdadero acoso por parte de los organismos de acreditación y evaluación y otras instancias de control y disciplinamiento de la educación superior. En el día a día, los académicos universitarios, además de sus actividades propias de docencia e investigación, se encuentran entrampados en la búsqueda y el registro de evidencias que permitan dar cuenta de los famosos indicadores construidos en una propuesta de evaluación absolutamente inconsulta con los propios actores de la educación superior.
Para complejizar la situación, la ambigüedad de los docentes de las universidades públicas como funcionarios públicos y como académicos, ha llevado al absurdo de que instancias como Contraloría pretendan también evaluar el desempeño de los docentes, pretendiendo establecer glosas por supuestos incumplimientos. Y aún más, la propuesta reciente de graduación a marchas forzadas de estudiantes rezagados, supone redoblar esfuerzos para enfrentar esta nueva disposición. En medio de todo este ambiente de menoscabada autonomía universitaria, se pretende que las y los académicos hagan docencia, investiguen y publiquen artículos exclusivamente en revistas indexadas, asfixiando la generación y circulación de conocimiento, que tiene otros canales legítimos de expresión.
Los esperanzadores mensajes del rector de la Universidad Central son tomados con optimismo por una contrariada comunidad universitaria, que además de estos anuncios requiere acciones políticas decididas y frontales para encarar esta política de disciplinamiento establecida por estos organismos gubernamentales, que implican irrespeto, falta de conocimiento e intromisión en los asuntos universitarios.
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