Decía Gandhi: “No hay camino para la paz, la paz es el camino”. Eso
hay que recalcar ahora en el proceso de negociaciones en Colombia, donde
acechan las trampas de los saboteadores de la paz. No obstante, hay
buenas noticias y optimismo sobre los últimos acuerdos logrados.
Colombia tiene una dilatada historia de violencia institucionalizada que vuelve más apremiante la consecución de la paz. El período de enfrentamiento entre el Partido Liberal y el Partido Conservador en el siglo XX fue un caldo de cultivo espantoso para el surgimiento de la violencia y exclusión, que terminó con el advenimiento de la guerra civil.
La agenda de negociación contempla puntos vitales para el acuerdo de paz, el desarrollo rural, la participación política de los movilizados, la lucha antidrogas, la reparación de las víctimas, entre otros.
Ventajosamente ya se han logrado acuerdos en dos temas cruciales, la cuestión agraria y la participación política de la guerrilla colombiana. Se rasgan las vestiduras determinados sectores bien identificados, por este reciente acuerdo que implica que la guerrilla pueda convertirse en movimiento político y participar en el sistema político formal. Este aparente asombro resulta absurdo, pues no cabe ninguna negociación con un grupo levantado en armas si no es para abrir el cauce para su participación política.
Los acuerdos que se están logrando en La Habana son históricos y no solo van a conseguir cimentar un proceso de paz, lo cual en sí mismo es bastante, sino que empiezan a dibujar una nueva arquitectura política y social en Colombia. En efecto, se da espacio a la política de protesta de los movimientos sociales, dado que se instaurarían mecanismos y puentes para recoger esas demandas y para facilitar el tránsito de movimientos que deseen ingresar a la política formal.
Se establece un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, cuyo eje es el respeto al opositor. Nos dice Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del Gobierno colombiano: “La dignidad de la persona, la tolerancia y la visión pluralista serían la fibra de este sistema, el cual debe prevenir, desarticular y neutralizar todas las fuentes de violencia contra quienes ejercen la política” (Revista Semana, nov. 2013). Se impulsaría una reforma para modificar el régimen de partidos, la organización electoral y la transparencia del voto. Finalmente, se crearían las Circunscripciones Territoriales de Paz para aquellos territorios que por el conflicto han sido marginados del sistema representativo.
Pero como dice el jefe del equipo negociador del Gobierno: “Nada estará acordado si no está acordado todo”.
Por ello es fundamental que en el camino de la paz los saboteadores sean aislados y sus voces queden sin eco, cosa que por fortuna ya está ocurriendo.
Colombia tiene una dilatada historia de violencia institucionalizada que vuelve más apremiante la consecución de la paz. El período de enfrentamiento entre el Partido Liberal y el Partido Conservador en el siglo XX fue un caldo de cultivo espantoso para el surgimiento de la violencia y exclusión, que terminó con el advenimiento de la guerra civil.
La agenda de negociación contempla puntos vitales para el acuerdo de paz, el desarrollo rural, la participación política de los movilizados, la lucha antidrogas, la reparación de las víctimas, entre otros.
Ventajosamente ya se han logrado acuerdos en dos temas cruciales, la cuestión agraria y la participación política de la guerrilla colombiana. Se rasgan las vestiduras determinados sectores bien identificados, por este reciente acuerdo que implica que la guerrilla pueda convertirse en movimiento político y participar en el sistema político formal. Este aparente asombro resulta absurdo, pues no cabe ninguna negociación con un grupo levantado en armas si no es para abrir el cauce para su participación política.
Los acuerdos que se están logrando en La Habana son históricos y no solo van a conseguir cimentar un proceso de paz, lo cual en sí mismo es bastante, sino que empiezan a dibujar una nueva arquitectura política y social en Colombia. En efecto, se da espacio a la política de protesta de los movimientos sociales, dado que se instaurarían mecanismos y puentes para recoger esas demandas y para facilitar el tránsito de movimientos que deseen ingresar a la política formal.
Se establece un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, cuyo eje es el respeto al opositor. Nos dice Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del Gobierno colombiano: “La dignidad de la persona, la tolerancia y la visión pluralista serían la fibra de este sistema, el cual debe prevenir, desarticular y neutralizar todas las fuentes de violencia contra quienes ejercen la política” (Revista Semana, nov. 2013). Se impulsaría una reforma para modificar el régimen de partidos, la organización electoral y la transparencia del voto. Finalmente, se crearían las Circunscripciones Territoriales de Paz para aquellos territorios que por el conflicto han sido marginados del sistema representativo.
Pero como dice el jefe del equipo negociador del Gobierno: “Nada estará acordado si no está acordado todo”.
Por ello es fundamental que en el camino de la paz los saboteadores sean aislados y sus voces queden sin eco, cosa que por fortuna ya está ocurriendo.
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