Un artículo censurado hace algunos meses en
Diario El Telégrafo, que ocasionó además la suspensión definitiva de mi columna
de opinión, argumentaba que el conjunto de despropósitos con que se dirigía la
costosísima universidad Yachay, solo constituía la punta del iceberg de un
gobierno autoritario del sistema de educación superior, con una visión del
conocimiento al servicio del capital, y llevado adelante por personas inexpertas
en gestión académica.
La larga cadena de cuestionamientos e
intentos de intromisión sobre la Universidad Andina Simón Bolívar, vuelve a
poner sobre el tapete el debate acerca del manejo del sistema de la educación
superior y las tentativas de cooptación de varias universidades. La Universidad
Andina le ha resultado incómoda al sistema por los informes de investigación que
se han emitido como los de derechos humanos, por ejemplo; por la posición
frontal de su comunidad académica y su rector; porque no ha hecho como otros
directivos que con su silencio cómplice han terminado vergonzosamente
funcionalizados al régimen.
Lo que más sorprende es la forma de
cuestionar una candidatura legítima y legalmente constituida del rector electo de forma mayoritaria, frente a
una débil candidatura del candidato oficialista, no por su ausencia de méritos
como literato reconocido, sino porque como se conoce en el mundo académico, varios requisitos académicos contemplados en
la ley, él no los cumpliría.
El Instituto de Altos Estudios Nacionales,
que se pretendía constituyera la Universidad de Postgrado del Estado fue
“rescatado” de manos de los militares y puesto en la órbita del régimen. El
proyecto tenía una perspectiva interesante, constituir una escuela de gobierno
para los cuadros directivos del Estado y de este modo no sólo lograr una
gestión experta y tecnificada, sino conseguir una burocracia relativamente
autónoma de los vaivenes políticos. Se hicieron esfuerzos por construir este
proyecto, pero un tutelaje omnisciente de parte de cuadros directivos del
SENESCYT unidos a sus camarillas, lograron desinstitucionalizar los esfuerzos realizados
para terminar convirtiendo a esta organización en lo que hoy es, una burda
escuela de cursillos de capacitación a cargo de los propios familiares de quien
dirige el sistema. En el caso del IAEN no les ha preocupado irrespetar
reiteradamente la ley para la designación de sus autoridades, o imponer un
tráfico de influencias que resulta indignante.
En estos mismos días se ha destapado, por
parte del propio régimen, las mafias constituidas alrededor de la falsificación
de los títulos. Resulta que se vendieron y registraron cientos de títulos de
licenciatura, maestría o doctorado, al parecer con complicidad de algunos
funcionarios del SENESCYT -según sus propias declaraciones en la prensa- de
acuerdo a las necesidades de los
beneficiarios y con costos variables. Todo esto es una demostración no
sólo de una mala gestión y de una visión chata, sino por detrás está el
menoscabo de la autonomía de las universidades. Ellas son las que, en un
sistema de autonomía, con participación de
la sociedad y del Estado, deben gestionar el sistema de educación superior. Una
academia pensante, sede de la razón, no puede admitir tutelajes de organismos
político-partidistas.
La ausencia de autonomía del sistema y la
regencia del régimen se evidencia en la existencia de un organismo como el
propio SENESCYT, órgano inconstitucional
puesto que ni siquiera es contemplado en la Constitución de Montecristi. Sí son
constitucionales el CES y el CEAACES, pero en la práctica no sólo que fueron
cooptados por el gobierno, sino que trabajan con funciones disminuidas y
recursos escasos, siendo el primer organismo señalado el que hace y deshace.
¿Qué lógica hay detrás de todo este manejo de
la Educación Superior?
Es una lógica de poder, pero un poder ciego,
un poder que pretende dominar, no crear hegemonía. Un poder obtuso que cree que
cooptando va a lograr que la academia se vuelva funcional a su proyecto. Vana
pretensión. Dentro del propio IAEN, el reducto académico más manoseado por
parte del régimen, hay intentos de establecer espacios liberados, puesto que
las dominaciones generan sus propias resistencias como ya nos decía Foucault, y
nunca nos vemos pillados del todo por el poder.
El proyecto de transformación de la educación
superior renunció a establecer consensos y participación de los actores
universitarios desde el inicio, cuando se debatió y aprobó la Ley de Educación
Superior en la Asamblea Nacional. La ley surgió de forma espuria, puesto que el
proyecto de ley debatido y consensuado con los actores fue sustancialmente
cambiado por la Presidencia, en el veto se introdujeron innumerables cambios,
que no habían sido ni discutidos ni acordados con los actores de la academia,
aspecto que un veto no admite. Esta ausencia de legitimidad originaria se ha
visto ratificada no solo porque se ha provocado una permanente ausencia de
diálogo con los actores, sino porque a muchos de ellos, sobre todo a quienes
pueden hacer contrapoder, se los ha chantajeado veladamente a través de los
recursos. El miedo y la retaliación han jugado para tener unos rectores sumisos
y complacientes, temerosos de que los recursos sean negados y que su gestión
vaya al traste.
El modelo de transformación de la educación
superior del correísmo se ha apuntalado en unos parantes muy endebles, parecían
sólidos en un inicio pero a la postre ya
dan muestras de una fragilidad que haría caer todo el edificio o el modelo en
su conjunto: ha logrado mantener el control en base al liderazgo de la figura
presidencial, y esa si bien fue su fortaleza cuando el presidente tenía una
alta aceptación a su gestión y liderazgo, en el momento que empieza a erosionarse,
el modelo entero amenaza con colapsar.
Elementos válidos como el sistema de becas o
el intercambio de académicos, terminan siendo elementos aislados que se ven
contaminados por un sistema entero de carácter autoritario. A la academia se le
ha impuesto temor, se la ha tratado con sospecha, y no se le ha reconocido
ningún mérito ni trayectoria. Se ha hecho de cuenta que no había nada detrás, y
que lo poco que había no valía la pena, que los actores académicos aparte de
mediocres están contaminados de politiquería, así fueron estigmatizados y
echados todos en el mismo saco.
Unos mails escritos por quien dirige el
sistema de educación superior, que circulan y son de dominio público, de ser
auténticos, solo demuestran la torpeza de una gestión politiquera y manipuladora, que no se diferenciaría de
aquellos a quienes ellos han calificado como tirapiedras y los supuestos causantes
del colapso de la universidad ecuatoriana. Prácticas de la peor laya, maniobras
rastreras con las cuales pretenden apropiarse de la Universidad Andina y
neutralizar la resistencia erigida por sus actores legítimos, todos quienes han
creado, trabajado y puesto su vida en ese proyecto institucional y académico.
Mientras escribo estas líneas no está
definida la situación de la Universidad Andina, pero ya sabemos que todo puede
pasar, y el irrespeto y la prepotencia es posible que se impongan, pero no será
por mucho tiempo, ni será sin costos. Afrentas como las que se han provocado
contra la Universidad Andina, harán reaccionar a toda la comunidad académica
ecuatoriana, que está llegando a un hartazgo compartido con la sociedad en su
conjunto.
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