Todos los días, en este bendito país, siete niñas se convierten en madres; todos estos embarazos son producto de delitos, de violaciones ¿Quiénes las violan? Sus padres, abuelos, tíos, hermanos, primos y demás familiares y allegados. El embarazo ocurre luego de una sistemática y prolongada violencia contra ellas que ni sus propias madres son capaces de reconocer. Los entornos donde esto ocurre son poblaciones empobrecidas, sin acceso a trabajo, salud, educación y un mínimo de vida que merezca la pena vivirse.
Las
niñas ecuatorianas que sufren violencia sexual viven un doble infierno en este
país, la de sus violadores y la del Estado; la mayoría de países en América
Latina han despenalizado el aborto por violación, hace un siglo o décadas. Acá estamos
aun bregando para que lo más elemental, el aborto por violación sea
despenalizado y se puedan dar servicios de salud para que estas niñas puedan
practicarse un aborto seguro y gratuito ¿acaso eso no es lo mínimo que merecen?
Sin
embargo, para el expresidente Correa, para el actual presidente Lasso y, sumados
a ellos, la señora Alcívar, esposa de Lasso, no es así. Ellos cada vez parecen tener
más coincidencias que discrepancias, antes se unieron en la ley que fijó
impuestos que afectan a la clase media y mantiene los privilegios de los de más
arriba. En esta nueva coyuntura, Correa hizo un llamado urgente a una “coalición
nacional por la vida”. Ante lo cual rápidamente reaccionó la señora Alcívar publicando
en sus redes sociales varios lugares comunes de los conservadores del Opus Dei,
incluida una insólita llamada a proteger los derechos del padre de la criatura,
esto es del violador. Finalmente, el último de la alianza, el presidente en funciones
se acaba de sumar en las últimas horas a través de amenazadoras declaraciones
ofreciendo un veto total a un proyecto de ley que aún no es aprobado por la Asamblea.
Estas
personas que ostentan un enorme poder de influencia y decisión están en contra
del aborto, aún de niñas violadas, para ellos lo mejor sería que las niñas se
conviertan en madres de hijos que pueden ser a la vez sus hermanos y parientes,
y que estas mujeres tengan que ser madres, revictimizándolas así durante toda
su vida. Parece monstruoso y sin compasión, pero lamentablemente esos son los “líderes”
que tenemos ahora.
Afortunadamente
la Corte Constitucional ya dio un dictamen que despenaliza el aborto por
violación, pues por más que la Constitución diga que se respetará la vida desde
la concepción, los derechos de esas niñas que ya son personas no pueden soslayarse.
La Asamblea tiene la obligación de dictar una ley para que estas niñas,
mujeres, y personas con posibilidad de gestar, que han sido violadas, puedan
decidir libremente si desean tener ese hijo producto de un delito o, sin plazos,
tal como ocurre ahora con las mujeres con discapacidad, puedan recibir
asistencia médica que garantice su decisión de no tenerlo y así puedan retomar
su proyecto de vida.
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